Venta de drogas en colegios: flagelo de la educación colombiana

José Gabriel Martínez*________

 La Habana (PL).- El fallecimiento el 12 de agosto de un estudiante de 14 años de edad, en un colegio público de Bogotá, reabrió el debate y la polémica en torno a la venta de drogas en centros escolares de Colombia.

 El flagelo toma especial fuerza en la capital, Bogotá, donde gran parte del estudiantado de los colegios públicos, a tono con los principales resultados de una investigación de la Universidad de La Sabana divulgados por el diario El Tiempo, consumen drogas y estupefacientes.

 Según el estudio, en seis centros escolares de esa categoría que conformaron la muestra, el 72 por ciento de los alumnos manifestó haber consumido o consumir alcohol, mientras que 43 por ciento admitió fumar cigarrillos con regularidad.

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 En cuanto a las drogas penalizadas, el 11 por ciento de los estudiantes reconoció consumir marihuana; el siete por ciento drogas inhalantes; seis por ciento ácido LSD, y un cuatro por ciento cocaína, éxtasis o bazuco.

 La investigación, desarrollada el pasado año pero dada a conocer a una semana de la muerte del menor Santiago Isaac Sánchez, constata con sus resultados el alcance y tendencia creciente de una práctica que, si bien ha sido relativamente controlada por períodos de tiempo, no ha desaparecido desde su surgimiento.

 EL CASO DE SANTIAGO Y UNA TRISTE REALIDAD

 Alumno del colegio distrital Marco Fidel Suárez, en el barrio El Tunal, del empobrecido sur capitalino, Santiago perdió la vida víctima del consumo de una mezcla de droga, licor y polvo de extintor.

 Las primeras versiones de prensa que reportaron el caso dieron cuenta de que Santiago podría haber sido presionado por estudiantes mayores que él en edad y estatura, para que consumiera la mezcla alucinógena.

 Jairo Sánchez, padre del fallecido, declaró a los medios que en la escuela a la que asistía su hijo venden droga e intimidan a los estudiantes para que la compren y se hagan adictos.

 Sostuvo que Santiago tuvo que ser obligado a inhalar la sustancia, pues ni él ni la madre percibieron nunca alguna conducta en el hijo que los incitase a pensar que consumía drogas.

 «Íbamos a trasladarlo de colegio. Él mismo nos contaba que allá vendían vicio y que en una ocasión le intentaron robar el celular en el colegio», comentó.

 Sin embargo, la información preliminar entregada por el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, descartó que el menor hubiese sufrido algún trauma físico violento antes o durante la ingesta de la mezcla química, que a la postre provocó su muerte e intoxicó a otros 21 estudiantes.

 Según un presunto alumno del propio colegio dedicado al expendio de droga en sus instalaciones, citado en un reporte de El Tiempo e identificado como Andrés para proteger su identidad, Santiago fue cliente suyo.

 Sabía que vivía cerca del colegio. Él me compraba Dick (Cloruro de metileno-inhalante) y marihuana, confesó Andrés.

 Cierto o no, las conclusiones de si la víctima consumía drogas frecuentemente serán dictaminadas por las autoridades competentes.

 De cualquier forma, el hallazgo, aunque aclararía el caso de Santiago, poco aportaría a la solución de un fenómeno complicado, que torpedea a escala creciente a la comunidad educativa de Colombia.

 Las declaraciones de Andrés dejaron entrever que el microtráfico de drogas y estupefacientes en los colegios constituye un negocio jugoso, en el que muchos adolescentes de escasas posibilidades económicas se involucran.

 Su testimonio explicó que en un solo día de venta de drogas en el colegio, el barrio y a través de las redes sociales, un expendedor como él recauda de 50 mil a 100 mil pesos (entre 16,5 y 33 dólares aproximadamente).

 La actividad, según contó Andrés, funciona en centros escolares públicos y privados como una microempresa que puede expandir su clientela juvenil hasta dominar un área determinada.

 El acceder y consumir drogas en los colegios por voluntad propia, intimidación o como modelaje de conductas sociales para encajar en los grupos, es definido por las autoras de la investigación de la Universidad de La Sabana como la puerta de entrada de los jóvenes a conductas delictivas mayores.

 En sus conclusiones, fumar, ingerir alcohol y consumir otras sustancias psicoactivas, tiene una relación directa con la presencia de comportamientos antisociales.

 Así, el 31 por ciento de los estudiantes consultados que reconocieron haber consumido o consumir drogas ha tenido participación en robos simples a tiendas o supermercados, mientras que 22 por ciento ha provocado daños a propiedades ajenas y 14 por ciento ha agredido a otras personas.

 POSIBLES SOLUCIONES

 Aunque la venta de drogas en colegios no es exclusiva de Bogotá, y el Gobierno local ha trabajado para su enfrentamiento, la muerte de Santiago y otros casos reportados durante este mes ponen a la capital en la mirilla del discurso mediático.

 Al respecto, el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, negó en rueda de prensa que hubiese un incremento efectivo en el consumo de drogas en centros escolares.

 En sus declaraciones insistió en que el consumo se produce al interior de los barrios y las familias, y defendió el rol de los colegios en la contención del fenómeno.

 Ciertamente, la ocurrencia de un hecho lamentable en un centro determinado no constituye argumento suficiente para generalizaciones, pero sí para profundizar las políticas dirigidas a prevenirlo y adoptar medidas nuevas en caso de ser necesario.

 Además, datos de la Personería de Bogotá, órgano encargado de velar y defender los derechos e intereses de la ciudadanía, revelan que el 49 por ciento de los colegios públicos de la urbe tiene problemas de consumo de drogas.

 En este sentido, las psicólogas que llevaron a cabo la investigación de la casa de altos estudios de La Sabana recomendaron a las autoridades adoptar soluciones que aborden de manera integral todos los ambientes en los que jóvenes y niños socializan.

 Específicamente, instaron a implementar proyectos preventivos y de intervención con objetivos a largo plazo, y que logren involucrar a estudiantes, centros educativos y familiares.

 Por su parte, la Personería exhortó al Gobierno a destinar recursos para crear colegios exclusivos de menores con problemas de consumo de drogas y estupefacientes.

 A criterio del personero Ricardo Cañón, Bogotá perdió el control sobre el consumo de drogas en los centros escolares, por lo que se requiere la implementación de medidas drásticas y un plan piloto para los menores drogodependientes.

 Aunque tanto expertos como ciudadanos comunes cercanos al fenómeno consideran que la potencial adopción de algunas de estas medidas no garantizará por sí sola un éxito rápido, todos coinciden en la necesidad de que autoridades, comunidades y familias actúen de inmediato.

 Sólo así los índices y volúmenes de venta de drogas en las escuelas, sitios para la educación y superación humana, podrán contenerse y ser disminuidos paulatinamente.

*Periodista de la redacción Sur de Prensa Latina.

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