Postigo

Apoyo oficial a la corrupción

José García Sánchez ___________

 Los proyectos del gobierno federal y del Gobierno del Distrito Federal caminan por el camino trazado aunque se encuentre lleno de obstáculos de corrupción.

Un ejemplo claro es el inicio de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que en realidad se encuentra en el Estado de México, tierra consentida el Presidente de la República.

Entre los principales protagonistas de esta obra está el secretario de Comunicaciones y Transportes, cuya honorabilidad está en duda desde que era secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México, precisamente durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Si en realidad se combatiera la corrupción este proyecto, como cualquier otro donde estuviera implicado Gerardo Ruiz Esparza, debería detenerse, pero sucede lo contrario. Se anuncia a los cuatro vientos una obra a cargo de una dependencia cuyo titular deja mucho que desear como servidor público honesto, comprometido y serio.

Todavía no se aclara su participación en los malos manejos de la construcción de carreteras realizadas por OHL, y otros muchos tramos carreteros construidos por diferentes empresas que cobran cuotas de peaje como si estuvieran terminadas y apenas concluirán la primera fase.

Pero el aeropuerto sigue adelante como para decir a todo el mundo que el problema de la corrupción es sólo un problema de los medios de información, no de los funcionarios públicos bajo sospecha.

Con el Gobierno del Distrito Federal sucede lo mismo, donde el ejemplo visible y evidente de la corrupción son los agentes de tránsito. El negocio es tan bueno que existen grupo de personas que se disfrazan de agentes de tránsito, le llaman los clonados, y extorsionan a los conductores, muchas veces con el consentimiento de alguno altos funcionarios de la secretaría de Seguridad Pública de la capital.

Ante esta panorámica como premio a la corrupción, como un impulso institucional a estos ilícitos se crea un nuevo reglamento de tránsito donde se registran multas cada vez más altas. Los agentes de tránsito tasan sus “mordidas” en proporción a la multa oficial. De tal suerte que no es lo mismo evitar que se paguen 4 mil pesos a que se paguen 2 mil. Ellos deben cobrar por lo menos 40 por ciento de la multa y sobre esas cantidades extorsionan al conductor que haya o no cometido la falta que le uniformado le adjudica.

Si en realidad Miguel Ángel Mancera estuviera atento al combate a la corrupción simplemente no somete a la consideración de la Asamblea Legislativa de la capital un nuevo reglamento de tránsito. No hay prisa.

Pero seguramente la prisa consiste en tener dinero para la promoción de la imagen del propio jefe de gobierno, quien quiere ser candidato por algún partido, el que sea, por la Presidencia de la República. Esa, desde la perspectiva de los tiempos y las circunstancias, sería la única prisa por darle vigencia a un reglamento de tránsito restrictivo y fascistoide.

Tanto en el gobierno federal como en el de la capital, que cada día se parecen más a pesar de gobernar sus espacios partidos diferentes, impulsan de manera evidente la práctica de la corrupción.

Si se hubiera detenido la obra del aeropuerto, para la cual no hay ninguna prisa porque de todas maneras quedarán sólo dos pistas disponibles, ya que una será para la base militar de Santa Lucía, podríamos pensar en que hay interés en combatir la corrupción pero no es así sino todo lo contrario.

Lo mismo sucede con la obsesiva aceleración de la puesta en vigor del nuevo reglamento de tránsito en la capital que sólo servirá para incrementar la corrupción en nombre del progreso de quienes la impulsan y obtienen ganancias particulares por el camino de la corrupción.

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