País de impunidad

Viborianus-

Victoriano Robles Cruz_______

Para nuestra columnilla, de este día, vale recordar el contenido del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”.

Todos debemos conocer nuestros derechos fundamentales, darle lectura de vez en cuando; pues su  desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Sobre todo cuando esta ilegalidad proviene de quienes deben ser los responsables de su respeto y defensa. ¿De cuánta insuficiencia, en el mejor de los casos, hemos sido testigos los mexicanos en el cumplimiento del respeto y defensa de los derechos fundamentales de muchos de nuestros conciudadanos?

En el contexto internacional las coincidencias provenientes de los defensores de los derechos humanos son unánimes para nuestro país, por el desacertado como incongruente desempeño de las autoridades, han sido múltiples las recomendaciones… y estas ni se atienden, ni merecen respeto para los organismos internacionales, mucho menos para las familias de las víctimas. Hasta 2013 sumaban 1885 las recomendaciones para el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Los gritos de ¡Ya Basta!, retumban en las sienes de todos, por los escenarios de sangre, los ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas y el grave como innegable incremento de actos de tortura…

Los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera, el feminicidio en la Narvarte del DF… entre los de mayor estruendo socio-mediático son los que enarbolan la pintoresca realidad nacional, la sangre del sexenio; en todos está presente ese asociado número uno de la corrupción del Estado mexicano: la impunidad. Los organismos internacionales de los derechos humanos sostienen que, la presencia de las fuerzas castrenses en las calles responde más bien a medidas de control social que en alguna medida, acción o política contra la delincuencia y el narcotráfico. La presencia de estas fuerzas castrenses en los hechos señalados documenta y testimonia tal aseveración. Además de la insistente negativa para declarar como testigos de los actos de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la desaparición forzada y ante el relator Juan Méndez de tortura, de la CDH de la ONU.

El delincuente, de tipo que sea, político o narcotraficante, actúa como consecuencia de que sus acciones no tienen algún castigo o sanción legal. Una cultura de impunidad existe, cuando los que niegan a otros su derecho a la libertad de expresión, lo hacen sabiendo que es poco probable que tengan que rendir cuentas por sus acciones.

El escritor y académico José Woldenberg sintetiza muy bien las carencias, dolencias y discrepancias del Estado mexicano: “El nuestro es un estado con problemas mucho muy graves y que urge atender. Somos un país donde la economía no crece con suficiencia, con enormes desigualdades, con franjas de pobreza, con fenómenos de corrupción que quedan impunes. Aun no es un Estado fallido pero si sumergido en una violencia estatal extrema”.

Una simple premisa con el carácter de verdadera nos lleva a ineludible conclusión: sin respeto a los derechos humanos no existe seguridad y justicia, y sin Estado de derecho no puede existir ninguna de ellas. Pareciera no se pueden atender los retos de seguridad sin el respeto a los derechos humanos, sin el respeto a los individuos, a los familiares de las víctimas. La libertad para cometer delitos disgrega el tejido social, y pareciera esa la intencionalidad oficial, no se ve voluntad para pensar en lo contrario, para poder afirmar una equivocación. ¿Se tratará de crear un clima de terror, de temor, en nuestra sociedad? Según reportes, en la presente administración, existe un balance superior a las 23 desapariciones. ¿Quién realiza esas privaciones, bandas delincuenciales o funcionarios públicos implicados?, terrorífico fuera la complicidad de ambos.

Consideramos a las violaciones de los derechos humanos como la profundidad más oliente, dentro de la putrefacción, del respeto a las normas vigentes para una sociedad. No basta su reconocimiento jurídico si este no se aplica, pues se atenta contra la vida de los individuos, de los mexicanos. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Las violaciones a estos fundamentales derechos son una realidad en nuestro país, todos debemos empuñar y ondear la bandera de su defensión, los mexicanos lo merecemos. Sera mucho pedir… para proteger: la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano. ¡Tenemos un grave pendiente!

PD.- La pregunta de los intereses y corruptelas: ¿A quién sirve Carlos Lima Carvajal? Millonarios negocios desde el Registro Público de la Propiedad y Bloqueo a notarios, acusa Roger Menéndez Hernández, Notario Público No. 57. Impondrá denuncia penal y civil. ¿Y por qué no asiste a las oficinas de Chetumal? ¿La entidad de Juan Pirulero?

viborianus@gmail.com  Twitter:@viborianus  ww w.viborianus.com

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