México tiene una deuda con la justicia: Rafael Guerra

.- Coinciden en que la CDMX cuente con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

.- Diputadas y diputados del Congreso capitalino, así como las personas titulares del Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participaron en mesa de discusión.

Blas A. Buendía / Reportero Free Lance ___________________

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Al considerar el presidente del Poder Judicial capitalino, Magistrado Rafael Guerra Álvarez que “México tiene una deuda con la justicia”, diputadas y diputados del Congreso capitalino, así como las personas titulares del Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, coincidieron en la necesidad de que la capital de la República cuente con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Durante la realización de una mesa de trabajo con relación a este asunto, la diputada Jannete Guerrero Maya, organizadora del espacio de discusión y promotora de la Ley, aseguró que de aprobarse la norma se dotaría a la capital de una Ley de atención con garantías especializadas, así como medidas de protección a grupos de atención prioritaria que soliciten la declaratoria especial de ausencia.

Además, se atenderían a las múltiples víctimas de desaparición, es decir, a la persona desaparecida, a las víctimas indirectas, así como dar continuidad a la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

“Está pensada desde una perspectiva de derechos humanos, en sintonía con la Constitución local, para que las y los familiares de las personas desaparecidas o que hayan tenido una relación sentimental afectiva inmediata puedan ejercer sus derechos, realizar el cobro de pensiones, goce de bienes, garantía de su patrimonio, entre otros”, dijo.

Recordó que durante el periodo de los años 2008 a 2018 en la capital se reportaron 744 casos de personas desaparecidas, incluidas 327 que corresponden a niñas, mujeres y adolescentes

En este marco de debate, el presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, diputado Emmanuel Vargas Bernal, indicó que durante el análisis de la iniciativa se partió de la premisa que esta Ley sería complementaría a la Ley de Búsqueda de Personas, así como de los ordenamientos federales en la materia.

“En su conjunto reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas, y que sus operadores en los distintos ámbitos de autoridad brinden una atención especializada bajo la visión de garantías especiales y medidas de protección a grupos prioritarios”, indicó.

Más adelante, el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración Justicia, consideró que la desaparición de personas es el tema que más agravia, y el reto más grande que se tiene como Estado, porque implica una violación permanente a los derechos humanos de la víctima, y de todo el núcleo familiar y social.

“Tienen que fortalecerse, de manera muy importante, el uso de las tecnologías, en primera instancia, para reforzar las estrategias en materia de búsqueda de personas”, resaltó.

PARTICIPAN EL PODER JUDICIAL, LA CDHCM Y LA CEAVI

En la mesa de discusión, por el Poder Judicial participó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien consideró que México tiene una deuda con la justicia, “dentro de esa deuda está  regular a las víctimas desaparecidas, porque parece que las personas que están en esa condición, pierden todos sus derechos y no es así”.

Agregó, que aún falta mucho por avanzar en materia penal sobre el tema de las desapariciones, pues en la mayoría de los casos se olvidan los derechos de las víctimas; por lo que, para solventar esa deficiencia, ya se están impartiendo cursos sobre derechos de las víctimas y se está elaborando, en conjunto con el Instituto de Ciencias Forenses, un protocolo de atención, que sensibilice y genere conciencia durante la atención de estos casos.

En su oportunidad, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, señaló que la ley en análisis debe permitir la activación de derechos civiles para aminorar la carga patrimonial y rutinaria de las familias, por lo que en su diseño debe intervenir un entramado jurídico que involucre, de manera armoniosa, la Ley General en materia de desaparición forzada, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México y el Código Civil, entre otros, porque la precisión técnica vuelve a ser un requisito esencial”.

Por lo que se congratuló de que en el evento no sólo hayan participado legisladores, “personas servidoras públicas titulares de las principales dependencias encargadas de la continuación para la búsqueda, sino de manera especial, a representantes de colectivos y organizaciones de personas desaparecidas, para que se dé cuenta de los obstáculos y retos del sistema para la investigación de los casos”.

El titular de la CEAVI, Armando Ocampo, señaló que de acuerdo con las necesidades que se plantean abordar con la iniciativa en comento, se deben cumplir cuatro puntos:

1.- Regular y/o incorporar los efectos de la condición especial de ausencia de la persona desaparecida en beneficio de la misma, de sus familiares y personas dependientes.

2.-Dotar de seguridad, reconocer y garantizar la continuidad de los atributos de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida.

3.- Otorgar certeza jurídica a la representación de los intereses de la persona desparecida y de sus descendientes, en el cuidado y regulación de su patrimonio, el estado civil y de su situación laboral.

4.- Regular las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares, incluyendo la continuidad y permanencia, del régimen de seguridad social.

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