Ex Ruta-100 exige al GDF la reparación del daño de su conflicto que ya tiene 20 años

.- la comision liquidadora del sutaur-100, exige al gobierno del distrito federal, la reparación del “daño patrimonial del estado” ocasionado a los trabajadores de la ex Ruta-100, por la omisión y negligencia mostrada durante más de dos décadas para resolver el conflicto negándose a la reparación del daño.

México, D. F., a 3 de Septiembre de 2015.- El Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros RUTA 100 (SUTAUR),  determinó que ante la indolente pasividad ejecutiva del Gobierno de la Ciudad de México para resolver el conflicto laboral de este gremio -que data hace más de 20 años-, está dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias para impulsar un escándalo con tintes internacionales y alertar al mundo que “en este país se violan con alegría” los derechos humanos y laborales en detrimento de las clases sociales.

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Advirtió lo anterior el presidente de la Comisión Liquidadora de este movimiento obrero, Jorge Cuellar Valdez, quien hizo un llamado al Jefe del Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, a interceder con sus buenos oficios y que los trabajadores afectados rescatenel patrimonio que les corresponde, “porque han fallecido decenas de nuestros compañeros sin que se les haya hecho justicia”.

Dijo que pese a la mayoría relativa parlamentaria que representará el Grupo llamado MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) en las tareas legislativas del recinto de Donceles y Allende, la ex Ruta 100 conminará a todos los agentes del poder legislativo para que respeten los acuerdos políticos que dejó inconcluso la VI ALDF.

Si bien los ex ruteros de la 100, fomentarán un escándalo internacional en contra del GDF por negarse a Reparar el “Daño Patrimonial del Estado”-que antes de la reforma a la Ley del Código de Procedimientos Penales se calificada el hecho como “omisión gubernamental”-, anunció que el martes 8 de septiembre, realizarán un mitin de protesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que encabeza la doctora Perla Gómez Gallardo, como una acción de presión pacífica y demandarleque actúe a favor de la clase trabajadora “porque dañan paralelamente los derechos humanos”.

Estableció que uno de los propósitos es que a través de la CDHDF, obligue a la VII ALDF cumpla con los acuerdos políticos que le deja su antecesora, porque si bien es cierto que en el Ejercicio Presupuestal 2015, se contempló una partida especial para la liquidación de la ex Ruta 100 y no se ejecutorió, acentuarán su exigencia a efecto que en el Ejercicio Fiscal 2016, se delinee una política de liquidación para luego, si los trabajadores lo ponderen para reinvertir sus liquidaciones en la generación de empleos.

En su momento, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de que las y los ex trabajadores de Ruta 100 han realizado esfuerzos durante más de dos décadas para lograr el acceso a la justicia -sin haber obtenido resultados de la investigación penal realizada con motivo del fraude que se cometiera en su perjuicio-, les provocó un detrimento patrimonial al no gozar ni disponer del dinero de sus liquidaciones una vez consumada la intervención administrativa y posterior a la quiebra de Ruta 100, ocurrida en el año 1995; la problemática sigue igual, remarcó Cuellar Valdez.

En relación con la investigación penal del fraude cometido por sus ex líderes Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera -iniciada en el año 2001 y la cual aún se encuentra en trámite-, la CDHDF se pronunció sobre la actuación deficiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y el 31 de mayo de 2011 emitió la Recomendación 3/2011, en la que se acreditó el retardo injustificado en la investigación y la falta de diligencia por parte del Ministerio Público.

Dicha Recomendación fue declarada incumplida por este Organismo el 23 de abril de 2013, por lo que el 28 de marzo del 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2014, dirigida al Jefe del Gobierno del Distrito Federal (Miguel Ángel Mancera Espinosa), misma que no se ha cumplimentado en su totalidad “por razones desconocidas”.

El caso presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea las omisiones del Estado mexicano en la supervisión del funcionamiento del Fideicomiso F-100, en el que las y los ex trabajadores invirtieron el dinero de su liquidación y hasta la fecha no han visto reintegrar ni su capital, ni los rendimientos del mismo. “No son 600 trabajadores, sino 12 mil cuatro”, aclaró tajante Cuellar Valdez, quien precisó: “La razón debe anteponerse al cinismo que pudiera enarbolar la izquierda morenista, una vez que entre en funciones la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

Igualmente, se expone la falta de ejecución de la sentencia dictada en el proceso ordinario mercantil, que a pesar de ser favorable a los trabajadores no se ha ejecutado por parte de las autoridades. Por otra parte, se precisa que la dilación e ineficiente investigación en la averiguación previa, ha creado una evidente denegación de acceso a la justicia.

Lo anterior, en una franca violación a los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la propiedad privada de las víctimas. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, las víctimas y sus familiares también sufrieron una afectación en su integridad física y psicológica, al no contar con los recursos necesarios para su manutención a lo largo de 20 años.

Con el objeto que el Estado mexicano responda por el incumplimiento de sus obligaciones y de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas en este caso, la CDHDF representa a cientos de personas ex trabajadoras de Ruta 100 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un litigio Pro bono, gratuito, en el que no cobra ni cobrará el trámite del caso por ser un Organismo Público, por lo que ningún tercero podrá realizar cobro alguno a las víctimas en relación con el litigio de la petición.

La petición presentada por este Organismo abre la posibilidad para que una instancia internacional se pronuncie sobre las violaciones a derechos humanos en agravio de las personas ex trabajadoras de Ruta 100 y se ordene al Estado mexicano su restitución en el goce y ejercicio de sus derechos.

El también dirigente moral de la ex Ruta 100, puntualizó que no basta con que la CDHDF permanecerá atenta de la decisión que adopte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posible admisión y estudio del caso en el Sistema Interamericano, sino que se irán acrecentando los movimientos de esta central camionera para lograr su objetivo para que les reparen el daño político, laboral y moral del que fueron víctimas hace más de cuatro lustros, y que hasta ahora, la corrupción y la impunidad son el sello que llevan en la frente los malos funcionarios del GDF.

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