¿Democracia participativa o inducida?

Pulso
Eduardo Meraz _________________

El juicio a los expresidentes se ha convertido en el caballito de batalla del presidente Andrés Manuel López Obrador que, midiendo los tiempos políticos, busca que este tema sea el criterio determinante en las elecciones de mitad del camino y de esa manera, ponerle una prótesis a su gobierno y a Morena ante los nulos resultados del primero y el desastre en que se ha convertido su partido.

Ambas condicionantes difícilmente podrán corregirse de aquí al día de la votación, por lo que para contrarrestar ese lastre, el jefe del ejecutivo adelantó que si su propuesta de consulta sobre los ex mandatarios es rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución, para que no se cancele esta posibilidad.

De hecho, López Obrador está cierto de que su famosa consulta como la presentó a la Corte no prosperará –y así lo previó en uno de sus escenarios-, lo tiene perfectamente presupuestado, por lo que su iniciativa de reforma constitucional seguramente la presentará hasta el segundo periodo ordinario, en febrero de 2021, a fin de influir en el ánimo de los votantes, conforme se acerque la fecha de la jornada electoral.

En el supuesto caso de lograr la reforma del Artículo 35 Constitucional y alcance una nueva mayoría en la composición de la próxima legislatura, podría hacer realidad su proyecto de democracia participativa que, en realidad, sería establecer una democracia inducida, si tomamos en consideración los ejercicios previos que en esta materia ha llevado a cabo.

Su aseveración de que “no se debe considerar como fundamental” el argumento del ministro Luis María Aguilar, quien señaló que una consulta para enjuiciar a expresidentes violaría los derechos humanos de las personas en cuestión, lleva implícita la aceptación de que, en efecto, su propuesta era un concierto de inconstitucionalidades.

En aras de que el rechazo no sea unánime y le reste credibilidad, López Obrador sostuvo que la decisión que tomará la Suprema Corte será trascendente porque revelará si en México “queremos o no la democracia participativa, que el pueblo tenga en todo momento la oportunidad de decidir la forma de su gobierno”.

De ahí que apele al Artículo 35 de la Constitución, el cual establece el derecho del pueblo a ser consultado. Sin embargo, el numeral tres -reformado a fines de 2019 por la presente legislatura- precisa que no podrán ser objeto de consulta popular «la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección».

La insistencia del ejecutivo federal de que es su responsabilidad “buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos”, va encaminada a que se señale o culpe a los ministros de ser opositores a avanzar en procesos democráticos.

Los argumentos y motivos esgrimidos hasta el momento por López Obrador, en el fondo son acciones de adoctrinamiento que poco tienen que ver con enjuiciar a quienes le antecedieron en el cargo.

El debate en torno al enjuiciamiento de los expresidentes, sería el salvavidas propagandístico para las elecciones de 2021, con los cuales quiere ocultar la discapacidad de su gobierno y de Morena, toda vez que los video escándalos terminaron siendo un bumerang que desnudó la corrupción dentro de la 4T.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la estrategia del gobierno federal para la reactivación económica y del empleo ha sido exitosa, ya que, de agosto a septiembre se han recuperado 168 mil 828 empleos formales.

En agosto se crearon casi 93 mil, y en septiembre 76 mil; es decir, 19 por ciento menos. Eso no puede calificarse de exitoso. De los dos millones ofrecidos, mejor ni hablar.

eduzarem@gmail.com

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