COVID-19 afecta drásticamente la vida de víctimas y supervivientes de la violencia sexual en conflictos armados

Este 19 de junio es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados, día en el que la Organización de las Naciones Unidas, la oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos de la Organización de las Naciones Unidas (NU), y la del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados también de las Naciones Unidas, han hecho un llamado a los Estados que forman parte, a que considere que la pandemia de COVID-19 está afectando drásticamente la vida de las víctimas y supervivientes de los conflictos armados víctimas de la violencia sexual  en el mundo.

La violencia sexual relacionada con los conflictos armados es un tipo de crimen que, lamentablemente, se denuncia poco, y la pandemia lo pone aún más en la sombra.

El COVID-19 obstaculiza la posibilidad de que las víctimas denuncien la violencia sexual y exacerba aún más las barreras estructurales, institucionales y socioculturales existentes para denunciar tales delitos, por lo que el pasado mes de marzo, António Guterres, Secretario General de las NU, hizo un llamamiento mundial a un alto el fuego por el COVID-19 para que este “trajera esperanza a los lugares más vulnerables a COVID-19”.

Combatir la impunidad por la violencia sexual es un aspecto imprescindible para disuadir y prevenir este tipo de delito. Es, además, un elemento central en materia de reparación de las víctimas.

En este sentido, el COVID-19 afecta de manera significativa y tiene un impacto perjudicial en todos los aspectos de la respuesta al estado de derecho, incluida rendición de cuentas en materia de protección de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos armados. Esto conlleva limitaciones en la disponibilidad y capacidad para recibir y procesar informes sobre incidentes de violencia sexual por parte de las autoridades policiales y judiciales.

Los servicios que necesitan las víctimas dejan corren el riesgo de dejar de ser una prioridad en muchos entornos, incluidos los refugios, los servicios de atención médica, los servicios policiales y de justicia. Esta pandemia afecta gravemente la prestación de servicios médicos, psicosociales y legales necesarios para apoyar a las víctimas. Algunos informes revelaron el cierre de refugios para supervivientes de violencia de género y se cancelaron clínicas móviles y servicios de asesoramiento y se desviaron recursos.

Otro obstáculo para acceder a los servicios es el miedo a la propagación del virus. Los proveedores de servicios de salud y los equipos de respuesta de emergencia suelen ser el primer punto de contacto para las víctimas. Sin embargo, las mujeres, entre ellas las sobrevivientes de violencia sexual, pueden estar menos dispuestas a buscar ayuda, sobre todo en los servicios sanitarios porque temen poden contraer el COVID-19 y transmitirlo a sus familias.

Para conocer más sobre este y otros temas, puede consultarlos en la página www.dhags.org o en las páginas del Facebook Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y Derechos Humanos Aguascalientes ó comunicarse al 449 140 78 70 en el que personal adscrito a la coordinación de educación de la CDHEA podrá compartirle más información.