Conductas moralmente intolerables en el caso Ayotzinapa: Woolrich

.- Hasta la fecha han sido liberados 77 de los 142 detenidos de manera inicial, incluyendo capos de alta jerarquía cuya participación en la desaparición estaba debidamente acreditada y sustentada, incluso se habla de la existencia de unos informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) que vinculan dichos hechos con la narco-política.

Blas A. Buendía / Reportero Free Lance __________________

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La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., en la víspera de cumplirse seis años de graves acontecimientos ocurridos en tierras guerrerenses, sentenció que en el Caso de Ayotzinapa se practicaron conductas moralmente intolerables que deben ser sancionadas por las leyes mexicanas en contra de quienes resulten responsables.

Rememoró que el día 26 de septiembre se cumplirán seis años de los lamentables hechos de Ayotzinapa, donde el Estado conjuntamente con miembros de la delincuencia organizada, privaron de su libertad y posteriormente de la vida a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de aquella localidad del sureste mexicano.

En este contexto, el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich, presidente de esta Academia de Derecho Penal, anotó que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, al asumir el encargo de Presidente Constitucional, anunció con gran bombo y platillo la instalación de una Comisión de la Verdad, cuyo punto de arranque tenía que sustentarse en todos aquellos instrumentos e informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del equipo independiente de expertos argentinos, quienes desde el principio han denotado su apoyo incondicional a los padres de las víctimas.

Dijo también que el Poder Judicial Federal de México por sí y/o a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en el estado de Tamaulipas, emitió una resolución que brindó el marco jurídico para la creación de la referida Comisión, intervención legal que encontró apoyo al concederles la razón a tres estudiantes que fueron torturados por la entonces Procuraduría General de la República (la PGR de Jesús Murillo Karam), para que se auto-incriminaran.

“Por cima de la estructura jurídica del caso de Ayotzinapa emerge del fondo de los hechos una conducta moralmente intolerable y criticable propiciada por las huestes de Murillo Karam”, matizó.

Por igual, el Tribunal Colegiado sostuvo y efectuó un reconocimiento de la tortura infringida por los guardianes de la ley a tres de los estudiantes imputados, práctica que se determinó como violatoria del debido proceso que imponen nuestros ordenamientos y como resultado hasta la fecha han sido liberados 77 de los 142 detenidos de manera inicial, incluyendo capos de alta jerarquía cuya participación en la desaparición estaba debidamente acreditada y sustentada, incluso se habla de la existencia de unos informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) que vinculan dichos hechos con la narco-política.

Advirtió que en vanguardia de los argumentos que en seguida se pasan a exponer, que la situación relatada en líneas antedichas hizo renacer el enorme malestar social por ciertas ocurrencias de las autoridades, no obstante ello la ahora Fiscalía General de la República (FGR), dio inicio a sendas carpetas de investigación para proceder en contra de los torturadores y fortalecer, además, la línea de investigación que estimó ello como crimen de Estado.

Tristemente la causa y el Caso Ayotzinapa –subrayó- ha puesto en evidencia dos lamentables realidades ante la corrupción propiciada por la narco-política. La primera en relación a la PGR del gobierno neoliberal, misma que ha denotado una total y absoluta incapacidad y negligencia para enfrentar e investigar a la delincuencia. La segunda relacionada con la impunidad que se busca para esa narco-política responsable de las desgracias de la República.

En ambos contextos cabe preguntar: ¿hasta cuándo se brindará impunidad a los narco-políticos de Ayotzinapa?, dijo finalmente el abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.

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