Combate a la Covid-19 y medidas desacertadas del gobierno en Bolivia

Nara Romero Rams * ________________

La Habana (Prensa Latina).-  La falta de insumos, infraestructuras y equipamiento para proteger al personal médico en Bolivia compromete el enfrentamiento a la Covid-19, una situación que deja muy mal parado al régimen golpista.

El departamento de Santa Cruz, territorio con el mayor número de casos confirmados en el país, mostró a la palestra pública esas carencias ocultadas por las autoridades gubernamentales con la renuncia del doctor Víctor Hugo Zambrana, director del Hospital Japonés de tercer nivel, acusado de presuntamente esconder materiales de bioseguridad.

Zambrana lamentó las acusaciones y reveló la falta de coordinación con el Servicio Departamental de Salud para suministrar esos insumos, mientras que el personal de enfermería de dicha institución denunció el riesgo al que fue expuesto cuando atendieron a un paciente del nuevo coronavirus sin contar con los medios de bioseguridad nivel tres establecidos.

Para complicar más el panorama, en el departamento de La Paz todas las enfermeras de una clínica privada renunciaron y, según declaraciones al sitio Urgente.bo, el motivo de esa decisión fue el desinterés de los dueños para garantizar las condiciones necesarias de seguridad con vistas a realizar el trabajo.

“Como personal de enfermería somos la primera barrera para tratar a los pacientes, no contamos con las medidas de protección, con las medidas de bioseguridad (…) a la clínica no le importa cuidar a su personal de enfermería y solo quiere recaudar dinero para ellos mismos”, reveló la publicación.

Asimismo, informó sobre las denuncias de la falta de equipos, de coordinación con el Ministerio de Salud y la Alcaldía hecha por los familiares de un fallecido por la Covid-19 en el hospital La Portada de la urbe paceña, procedente de la Clínica del Sur con un cuadro avanzado de la enfermedad.

La declaración precisó que La Portada sólo estaba dotada para atender casos moderados del nuevo coronavirus y no contaba con un tomógrafo ni médico intensivista permanente para colocar el respirador a los pacientes.

Agregaron los familiares que varios hospitales y clínicas privadas de la ciudad habían negado atender el caso, debido a la falta de espacio en sus unidades de terapia intensiva y de un respirador.

Mientras que los galenos solicitan la preparación adecuada para atender los casos sospechosos y no poner en peligro al resto de los enfermos y a ellos mismos, el Ministerio de Salud anunció que coordina con las redes de primer y segundo nivel, y los hospitales de tercer nivel las fallas existentes en municipios y gobernaciones.

Una vez concluido ese proceso, algo tardío para la situación epidemiológica actual en Bolivia -132 casos confirmados y nueve fallecidos por la pandemia hasta el 3 de abril-, se capacitará al personal que lo solicite y suministrarán el material de bioseguridad para todos los niveles hospitalarios.

Por otra parte, el doctor Yuri Lazarte, ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y de Salud Pública de Cochabamba, manifestó su preocupación por los profesionales con sospecha de haberse contagiado con el nuevo coronavirus, y también denunció que las autoridades nacionales no han entregado los implementos necesarios para atender los casos positivos.

“Nos informaron que uno de los pacientes que asistió a uno de los centros hospitalarios tomó contacto con un colega y actualmente está él en cuarentena, esto nos tiene que llamar la atención en el sentido de que en los centros hospitalarios no estamos trabajando con las medidas de bioseguridad correspondientes”, afirmó Lazarte.

BOLIVIANOS VARADOS EN CHILE Y OTRAS DECISIONES ERRADAS

El cierre de las fronteras para evitar la propagación de la pandemia fue anunciado el 17 de marzo por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añéz, una decisión que hoy deja a la suerte a más de 300 bolivianos varados en la localidad de Huara, norte de Chile.

La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, informó en su cuenta de Twitter el 30 de marzo que “por decisión presidencial, las fronteras del país se mantienen cerradas y se suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile. El ministerio de Defensa tomará los recaudos para garantizar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas”.

Ante las condiciones precarias en las que pernoctan los connacionales en territorio chileno, la diputada por el Movimiento Al Socialismo, Sonia Brito, anunció la posibilidad de procesar a Áñez por la medida que, a su juicio, constituye una violación de los derechos humanos y deja mal parado al país suramericano a nivel internacional.

“Nos parece absolutamente discriminatoria, racista, inhumana esta decisión que no se la vamos a admitir a la presidenta. Si le pasa algo a la gente que está en la frontera es absoluta responsabilidad de la señora Áñez”, enfatizó Brito.

Precisó que una vez concluido el periodo de cuarentena serán activados los mecanismos de investigación a fin de conocer las razones del Ejecutivo para no habilitar vuelos humanitarios que permitieran el ingreso de los ciudadanos bolivianos concentrados en territorio chileno.

Asimismo, denunció que familiares del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y la periodista Ximena Galaza, afín con el régimen golpista, fueron favorecidos con el ingreso al país, así como el trámite de varias solicitudes del gobierno de Estados Unidos para la entrada y salida de personal de su embajada en La Paz.

El anuncio, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado que en los artículos ocho, 10, 16, 22 y 23 establece la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, además de cumplir con los protocolos de salud para el retorno seguro en este tipo de casos.

Por otra parte, más de dos millones de familias recibirán a partir del 3 de abril la Canasta Familiar y el Bono Familia, una ayuda gubernamental que dejó desprotegido a varios sectores de la población boliviana.

Así lo lamentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y mencionó al sector del comercio minorista, vendedores ambulantes y productores agrícolas que no aplican para esa iniciativa.

“El bono lanzado es discriminatorio, sólo proporciona a algunos sectores, ¿y el resto? Estamos diciendo que ricos, pobres, todos estamos en esta pandemia; entonces, necesitamos la ayuda todos de parte del gobierno nacional”, cuestionó Choque.

Para los adultos mayores beneficiados con la Renta Dignidad, las embarazadas y madres que reciben el bono Juana Azurduy y personas con discapacidad serán los destinatarios del incentivo económico.

Otro sector desatendido por el régimen golpista en medio de la pandemia es la población penal, en precarias condiciones de hacinamiento y sin los recursos necesarios para evitar la propagación de la Covid-19.

De ahí que el Instituto de Terapia e Investigación contra la Tortura propusiera al Ejecutivo la ampliación de la atención médica en los centros penitenciarios, así como la liberación de los reclusos con más de seis meses de prisión preventiva.

Asimismo, de las víctimas de represión política arrestadas sin pruebas desde noviembre pasado tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y otras medidas para las personas de la tercera edad y madres separadas de sus hijos.

La Covid-19 puso al descubierto las incapacidades del sistema de salud de Bolivia para enfrentar una pandemia, y reafirmó las de un gobierno que sólo le interesa beneficiar a aquellos afines a sus intereses, aunque le cueste la vida al resto de la población y viole la Constitución Política del Estado.

*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina.