Ataque a colaboración médica de Cuba obsesiona a administración Trump

Karina Marrón González* _________________

La Habana, (Prensa Latina).-  La cronología de los ataques de Estados Unidos contra la cooperación médica cubana revela hoy la obsesión de la administración de Donald Trump con dañar el prestigio ganado por la isla en más de 55 años de solidaridad internacional.

Aunque otros Ejecutivos norteamericanos se empeñaron en sabotear esa colaboración con programas como el Parole para Profesionales Médicos Cubanos -que incentivaba la deserción de ese personal en servicio en el exterior-, los actuales inquilinos de la Casa Blanca incrementan las acciones y su diversidad.

En palabras del canciller Bruno Rodríguez, en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para conmemorar el aniversario 75 de la organización, se «ataca desvergonzadamente» estos programas sanitarios y a los gobiernos que legítimamente los solicitan».

Ello adquiere una connotación más dañina e irresponsable en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando se requiere estrechar vínculos, algo a lo que Washington da la espalda con actitudes como su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), apuntó el jefe de la diplomacia de la nación caribeña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la mayor de las Antillas ha denunciado en varios momentos la «intensa e injuriosa campaña» contra su país, que se incrementó desde el 2018.

Su centro está enfocado en cuestionar la calidad de la formación profesional de los colaboradores cubanos, para horadar la confianza en estos y minar así los convenios internacionales establecidos, a la vez que califican los programas de cooperación como «trabajos forzados», «esclavitud moderna» y «trata de personas».

La acción mediática, refería la Cancillería, se combina con las presiones contra los Estados receptores de la ayuda sanitaria, para que prescindan de ella.

Como resultado palpable, el Minrex señala el cese de los programas de cooperación en Brasil, Ecuador y Bolivia, que dejaron sin servicios de salud a millones de personas.

Solo en Brasil, desde agosto de 2013 hasta noviembre de 2018, cuando debido a las calumnias del presidente Jair Bolsonaro, Cuba decidió concluir el acuerdo tripartito con la Organización Panamericana de la Salud, más de tres mil 600 municipios y 60 millones de brasileños se vieron afectados.

En mayo de 2019, mientras se orquestaba una conferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos, sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por la isla en relación con la cooperación médica; la Embajada de Washington en Ecuador reclamaba información detallada sobre los convenios con Cuba, denunció entonces una declaración del Minrex.

Cinco meses después, el Gobierno ecuatoriano daba por terminados estos servicios de forma abrupta.

El golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de ese año, igualmente puso en evidencia la instigación y participación de la Embajada estadounidense en La Paz en actos hostiles contra los cooperantes cubanos, incluso de forma directa.

A ese esquema se une la inclusión de la nación caribeña, en junio de 2019, en la peor categoría del Informe sobre la Trata de Personas que elabora  el Departamento de Estado norteamericano y la negativa de visas a funcionarios cubanos relacionados con la colaboración médica.

2020, AÑO ELECTORAL

El 2020, marcado por la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, tiene para la política estadounidense un resorte movilizador en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

La isla reaparece en este escenario como un tema de campaña debido al peso que tienen los votos electorales del estado de Florida, donde la comunidad cubanoamericana, si bien no es mayoría, tiene elementos influyentes.

En ese rejuego, el Departamento de Estado y sus funcionarios no han cesado en sus ataques a la cooperación médica de la mayor de las Antillas, desde sus pronunciamientos en las redes sociales, en conferencias de prensa, documentos publicados y mediante acciones concretas.

En mayo se conoció que la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), que habitualmente suministra recursos a los programas de subversión contra el Gobierno de Cuba, destinaría dos millones de dólares para proyectos dirigidos contra sus brigadas médicas.

Tal monto se uniría a los tres millones aprobados en agosto de 2019, con lo que en menos de un año cinco millones de dólares salieron del bolsillo del contribuyente norteamericano para tratar de desestabilizar programas que dan acceso a la salud a quienes lo necesitan.

Junio resultó un mes muy activo, matizado por las amenazas del secretario de Estado, Mike Pompeo, a la Organización Panamericana de la Salud, por su papel en los acuerdos del programa Más Médicos entre Brasil y Cuba; y por un proyecto de ley para castigar a los países que contraten servicios médicos cubanos.

Este último, propuesto por un grupo de senadores republicanos y denominado Detener las Ganancias del Régimen Cubano, fue denunciado por representantes de naciones que soberanamente tienen acuerdos de cooperación con la isla.

La normativa, cuyo propósito es cortar los ingresos que por esa vía obtiene el país antillano, considera a losEstados que mantienen esos vínculos como «cómplices de la trata de personas» y, por tanto, pueden ser sometidos a sanciones.

Ese paso vino acompañado de la inclusión de Cuba, nuevamente, en el peor nivel de la lista de naciones que supuestamente no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano, un informe que es elaborado en Washington por el Departamento de Estado sin la participación de organismos internacionales calificados, según denuncia La Habana.

Autoridades cubanas han declarado que los técnicos y profesionales que participan en esos programas lo hacen «absolutamente de manera libre y voluntaria», y que durante ese tiempo continúan recibiendo íntegramente su salario en su país, además de un estipendio en el lugar donde laboran.

Con esos argumentos coinciden representantes de diversas naciones, entre ellas  del Caribe, cuyos servicios de salud precisan de los especialistas cubanos; así como estudiosos estadounidenses de América Latina.

También pudiera decirse que una parte de la sociedad norteamericana, pues a contrapelo de las acciones de su Gobierno, alrededor de 15 consejos municipales y ayuntamientos adoptaron resoluciones para pedirle que establezca convenios de cooperación con la isla en la materia.

Recientemente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió en el debate general del 75 Período Ordinario de Sesiones de la AGNU, al prestigio ganado mundialmente por las brigadas médicas cubanas.

Estas contribuyen a salvar cientos de vidas y a reducir el impacto de la Covid-19 en diversas latitudes, señaló el mandatario y resaltó que personalidades internacionales y organizaciones sociales reconocen su labor humanista y abogan porque les sea concedido el Premio Nobel de la Paz.

Ante la emergencia sanitaria la nación caribeña, en respuesta a solicitudes recibidas, envió más de tres mil 700 expertos sanitarios a 39 países y territorios, entre los cuales estuvieron socios estadounidenses como Italia, Francia y Reino Unido.

La administración Trump, sin embargo, persiste en continuar contra la corriente, denigrando, entorpeciendo y amenazando esa colaboración.

*Periodista de la redacción nacional de Prensa Latina.

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