Acuerdo de Paz en Colombia a la deriva

Odalys Troya Flores (*) _______________

La Habana (Prensa Latina).- El Acuerdo de Paz en Colombia parece ir a la deriva por su débil implementación, desplazamientos forzados, creciente cifra de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC-EP, e irrupción de grupos armados irregulares.

La ilusión que significaba el Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en función de una paz estable y duradera, parece ir sin rumbo por un mar de dolor.

Para el académico Jairo Estrada, el Acuerdo de Paz alcanzado tras casi cuatro años de diálogos en La Habana, representó una derrota para los sectores que buscaban a toda costa una solución militar a la larga confrontación armada en Colombia.

En entrevista con Prensa Latina, vía Internet, aseguró que esas esferas se lucraron con la guerra, acrecentaron su poder y riqueza, y se opusieron al proceso de diálogo y negociación que condujo al histórico hecho.

El Acuerdo produjo una redefinición de fuerzas y profundizó las fracturas en el bloque dominante de poder que comenzó a exhibir con mayores claridades sus diferencias; y al mismo tiempo, habilitó mejores condiciones para el campo progresista, democrático y popular, explicó el también analista político.

La fórmula antes exitosa de endilgarle los problemas de la sociedad colombiana a la insurgencia armada, especialmente a las FARC-EP, se agotó, desvelando los límites políticos, económicos, sociales y culturales del orden capitalista existentes en el país, destacó.

Entre los analistas políticos y sectores de la academia hay consenso al señalar que el avance mostrado por las fuerzas políticas distintas a las derechas en las elecciones presidenciales de 2018, así no lograran derrotar al actual presidente Iván Duque, se explica en gran medida por el creciente malestar social y ciudadano y la firma del Acuerdo de paz, indicó. Y mencionó el paro nacional de noviembre de 2019 y las subsiguientes movilizaciones.

«Hoy se puede afirmar que el Acuerdo representa un bien común de la sociedad colombiana, que asume las veces de un agregado del mayor significado a la más amplia agenda del campo progresista, democrático y popular; con la diferencia que no se trata de una aspiración, sino de un hecho histórico concreto del cual se derivan obligaciones del Estado colombiano», sentenció.

DETERIORO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Con el triunfo de un proyecto político de derecha, que llevó a Iván Duque a la presidencia de la república en 2018, asistimos a un deterioro de las condiciones de la ejecución, afirmó, pues «no se puede esperar que las fuerzas políticas opuestas a la negociación y luego a la firma del Acuerdo, se comprometan con su implementación».

Recalcó que, ante la imposibilidad política y jurídica de incumplir explícitamente lo acordado, el gobierno de Duque formuló lo que afirma sería su política de implementación, la llamada Paz con legalidad a fin de «convencer a sectores de la sociedad colombiana y sobre todo a la comunidad internacional. No sin algún éxito, debo decirlo», significó.

Es posible, «mediante el examen riguroso y técnico, evidenciar que en realidad nos encontramos frente a una política que conjuga la simulación de la implementación, con un propósito anunciado, al que no se renuncia, que es el de ‘hacer trizasâ€Ö lo pactado», señaló.

Por otra parte, una reconfiguración transitoria de la situación geopolítica regional permitió articular las pretensiones de la «Paz con legalidad» con la estrategia de la derecha transnacional, empeñada en detener su más reciente «nuevo enemigo»: el «castrochavismo».

«La implementación, si se hiciera como fue pactada, representaría un fortalecimiento de tal enemigo. Eso se traduce en derivaciones de la política exterior, especialmente frente a Cuba y Venezuela, ajustadas al gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuya reelección fue promovida sin éxito en concierto con la derecha cubanoamericana y el mal llamado exilio venezolano», puntualizó.

Después de los impactos iniciales, asociados con el cese bilateral y definitivo de fuegos y hostilidades y la dejación de armas por parte de las FARC-EP, que se tradujeron en la reducción sustantiva de los hechos de violencia y de guerra, especialmente durante los dos primeros años tras la firma del Acuerdo, el cuadro del país en la actualidad es dramático.

Desde el 24 de noviembre de 2016, fueron asesinados más de mil líderes sociales, 259 exguerrilleros de las FARC-EP; el pasado año se perpetraron 90 masacres, la desaparición forzada entró de nuevo a pesar en las estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja, el desplazamiento forzado azota a comunidades enteras en los territorios de la Colombia profunda, describió.

El cuadro actual, escabroso y macabro, es el de una preocupante violación sistemática de los derechos humanos, la representación de la infamia y la vergüenza, lamentó.

«Según nuestra Constitución, sobre el Estado y el gobierno en particular, por acción o por omisión, recae la responsabilidad principal sobre la no garantía de los derechos humanos integrales, empezando por el derecho a la vida», puntualizó.

Sin desconocer que el gobierno de Duque afirma llevar a cabo una política para enfrentar la violencia y la inseguridad que campea en los territorios, lo evidente e incontrovertible es que tal política representa hasta ahora un rotundo fracaso, manifestó a Prensa Latina.    A juicio de Estrada tal fracaso tiene que ver en gran medida con el entendimiento de Duque de la violencia y con las medidas derivadas para combatirla.

La violencia terminó siendo reducida a una deriva de las economías ilegales y el combate a tales economías a una estrategia que privilegia el tratamiento militar y de orden público, en el cual las comunidades de los territorios son vistas como sus brazos extendidos, advirtió.

«Un retroceso sin duda en la comprensión de las causas y la persistencia del conflicto, que inspiró el Acuerdo de Paz y las numerosas disposiciones que comprenden los seis puntos acordados», añadió.

TRANSFORMACIONES INCUMPLIDAS, POSPUESTAS

En lugar de la implementación integral que, bajo una concepción de proceso de mediano y largo plazo, buscaba la transformación de la vida y la economía en los territorios para el bienestar y el buen vivir de comunidades campesinas y ancestrales, «lo que estamos viendo, como ya se dijo es una simulación de la implementación», expuso.

Dicha simulación conduce a que los aspectos sustanciales de las transformaciones previstas, además de incumplidas, se pospongan, especificó.

A ello habría que agregarle que las «garantías de seguridad» previstas en el Acuerdo, diseñadas con base en el concepto de seguridad humana integral formulado por Naciones Unidas, más allá de los recursos retóricos están siendo desconocidas en sus aspectos y alcances, precisó.

Remarcó que el gobierno diseñó bajo una «actualización» de ese concepto, las «Zonas Estratégicas de Intervención Integral», en las cuales se presenta una creciente ocupación militar de los territorios que incluye la presencia de los Estados Unidos con fuerzas especiales de la Brigada de asistencia a la Fuerza de Seguridad.

«No se ha producido una ‘llegadaâ€Ö del Estado a los territorios que privilegie la salud, la educación, la infraestructura vial y social, en general el bienestar y el buen vivir; como tampoco se reconocen las formas sociales ‘desde abajoâ€Ö de producción del territorio», aseveró.

Como consecuencia de ello se genera una tendencia a la exacerbación de la violencia y la disputa por el control sobre los territorios en medio de una aparente paradoja que sigue sin respuesta gubernamental: ¿Por qué en los territorios donde hay más presencia militar, se presentan los mayores hechos de violencia?, cuestionó.

Desde luego que es preciso enfrentar las economías ilegales, las estructuras complejas de dominación territorial, en las que se articulan poderes económicos y políticos, para controlar territorios, acceder a sus recursos estratégicos, desarrollar la economía del narcotráfico y apropiarse de los dineros públicos, definió.

Alertó que dichas estructuras poseen brazos armados paramilitares, los cuales en la mayoría de los casos cumplen funciones de contrainsurgencia en sentido amplio. «El Acuerdo de Paz concibió una política integral para el desmonte de tales estructuras, pero muy pocos avances se registran al respecto».

En su opinión, enfrentar la situación de violencia empieza en consecuencia por implementar integralmente el Acuerdo de paz, en general, y las disposiciones sobre garantía de seguridad, en particular.

«No tiene ninguna justificación que a un gobierno al que le entregó un país en el que se buscaba materializar el complejo proceso de construcción de la paz y de implementar el Acuerdo, a cerca de 17 meses del fin de su mandato tenga ese país incendiado en sus territorios y con la violencia agudizada», denotó.

Consideró inaceptable en perspectiva histórica que se esté llevando a Colombia a una nueva fase de la confrontación armada, difusa y enrarecida.

Para Estrada queda claro la existencia de unos efectos que hacen y harán parte de la historia, sobre todo en las dimensiones política y cultural; otros están en disputa intensa, lo cual explica en buena medida la actual coyuntura política, y unos terceros conciernen directamente a la calidad de la implementación.

«¿Cómo se define ese interregno? Está por verse. Sin que parezca un cliché, ello dependerá de las trayectorias que se vayan trazando en medio de la movilización y la lucha social y popular, de lo cual hace parte la elección presidencial de 2022.

(*) Periodista de la Redacción Sudamérica de Prensa Latina.

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