Fallas en el nuevo Sistema de Justicia Penal: Mag. Élfego Bautista Pardo

.- Se reconoce que la aplicación de los criterios de oportunidad que caracterizan al nuevo sistema penal son entre otras con notables privilegios, la reparación del daño y evitan el ejercicio de la acción penal, así como las medidas cautelares.

Blas A. Buendía / Reportero Free Lance __________

blasalejo@yahoo.com

Desde hace más de nueve años, cuando, el dieciocho de junio de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Reforma Constitucional en materia de justicia penal, se anunciaba al hoy vigente “Nuevo Sistema Penal Acusatorio” como la panacea para la impartición de justicia penal, pues sería garantista tanto con la víctima como con el probable responsable, agilizaría la impartición de justicia y, como consecuencia, redundaría en mejora en las condiciones de seguridad de los ciudadanos.

Al hacer un somero análisis “Así es el Derecho”, el magistrado en materia civil Élfego Bautista Pardo, enriqueció el acervo cultural que será útil para la sociedad en general, ya que esas normas no han sido perfectibles del todo, sino tiene sus incapacidades y alcances jurídicos.

En entrevista, el jurista oriundo del estado de Hidalgo, afirma que se critica que no ha sido del todo eficaz como se esperaba, por supuestos errores en su aplicación, pero no debemos olvidar que pueden ser por diferencia cultural con las naciones donde se originó.

Sin embargo, el próximo primer aniversario de su entrada en vigencia en todo el territorio nacional coincide con el crecimiento de las conductas delictivas en el país, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); reflejan que durante el primer trimestre de 2017 aumentaron los delitos de alto impacto en comparación con los dos años anteriores.

En el primer trimestre de 2017, en relación con el mismo lapso de 2016, se aprecia incremento de 29.48% los homicidios dolosos, de 12.57% los homicidios culposos, de 19.75% los secuestros del fuero federal y común, de 29.55%  las extorsiones, de 32.31%  los robos con violencia, de 13.10% los hurtos de vehículos, de 3.18% los robos a casa habitación, de 47.43% a negocio, de 31.69% a transeúnte y de 5.74% las violaciones.

Inclusive en la Ciudad de México, que desde la creación de la Jefatura de Gobierno, poco a poco se constituyó en ámbito seguro, incluso en plena guerra contra el narco, los índices de la comisión de delitos de alto impacto se han elevado: durante el primer cuatrimestre de este año -en comparación con igual periodo de 2016-, obtuvo el cuarto lugar en robo con violencia, el tercero en robo a negocio, segundo en robo a transeúnte, se incrementó doce por ciento el homicidio doloso, y en todas las delegaciones seis de los diez delitos de alto impacto aumentaron, en especial robo a transeúnte 38 por ciento; homicidio culposo 22 por ciento; doloso 16 por ciento, y siete de cada diez comercios fueron víctimas de la delincuencia.

Dada la creciente inseguridad en México, no han tardado las opiniones de diversos actores en el sentido de que obedece a que el Nuevo Sistema Penal no funciona como se esperaba, sea por la forma en que está estructurado o porque existen supuestos errores en su aplicación; incluso el mismo Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, vinculó la disminución de la población en las cárceles de la Ciudad (de cuarenta y dos mil a treinta mil personas, según declaró en marzo pasado) debida a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia, con el aumento de la delincuencia.

En lo personal considero que más allá de las razones de su subsanable ineficacia, atribuida a supuestos errores en su aplicación o en su estructura, está -insisto- el abismo cultural entre la nación mexicana y las tomadas como modelo para desarrollar ese sistema, y que en el ánimo de querer que funcione en pro de los ciudadanos y el desarrollo del país, dejamos de lado que fue producto de “negociación” con el vecino del norte para implementar el Plan Mérida (inicialmente conocido como Plan México).

Esa “negociación” fue emprendida en enero de dos mil siete por funcionarios de diversas instancias de los gobiernos mexicano y estadounidense, para que éste destinara recursos financieros, capacitación y apoyo estratégico en la lucha con el narcotráfico, como en otra época lo hizo con Colombia.

La Iniciativa Mérida, suscrita en agosto de ese año por ambos gobiernos, incluyó que el de Washington aportaría recursos para el “mejoramiento del Sistema de Justicia Penal” de nuestro país, cuyo eje fundamental fue la aplicación de juicios orales y la introducción del sistema acusatorio.

El gobierno estadounidense brinda amplio apoyo al gobierno de México para la consolidación del sistema procesal penal: ha financiado la capacitación de instructores; apoyado con viajes de intercambio académico; financiado programas para desarrollar habilidades para litigio oral; equipado más de 120 salas de tribunal a escala nacional y ayudado a 14 estados a establecer el marco legal para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; y donaciones para fortalecer las instituciones de procuración de justicia en México, con la finalidad de contar con herramientas e instituciones que puedan combatir al narcotráfico.

Ese apoyo no significará nada sin la capacitación plena de policías y agentes del ministerio público, quienes aplican o aplicarán el sistema y sin la concientización de los ciudadanos acerca del mismo.

Independientemente de las causas que motivaron la implantación del nuevo sistema y aquéllas por las cuales es criticado, debemos reconocer que la aplicación de los criterios de oportunidad que lo caracterizan, las que privilegian la reparación del daño y evitan el ejercicio de la acción penal, así como las medidas cautelares, y la existencia de lagunas respecto a la reincidencia y la penalidad, han permitido que delincuentes claramente identificados regresen a las calles y delincan de inmediato.

Aún hay mucho que hacer en materia de readaptación y reinserción social, lo que es necesario para que nuestro nuevo y criticado sistema de procuración e impartición de justicia pueda ser totalmente exitoso, y es indudable que falta trabajar bastante para poder garantizar la seguridad pública y lograr la confianza plena en él, pero es imprescindible mejorar la calidad de vida de la población, garantizar realmente la educación, crear empleos y asegurar el desarrollo, que existan oportunidades reales y evitar que la juventud voltee hacia la delincuencia.

Además es preciso asegurar el acceso a la cultura, promover la cohesión social desde la familia, los maestros en las aulas y los diversos credos, que anteriormente ayudaban a la formación cívica y moral del ciudadano, han sido rebasadas por la individualidad; sin duda, queda mucho por hacer.

“Así es el Derecho”, puntualiza el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

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Posted by on Jun 17 2017. Filed under NACIONAL. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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