Cataluña y su “asonada democrática”

.- Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático, sentencian en España.

.- Rebelión, sedición y malversación, delitos en contra de los separatistas catalanes.

.- ¿Asonada, referéndum, autogobierno o golpe de estado pacífico sitial? Lo que se determine, pero ya giraron órdenes de arresto en contra de cismáticos catalanes.

.- Muchos pensarán que esa situación al otro lado del Atlántico no es relevante para los mexicanos, pero en esta aldea global interconectada por organizaciones internacionales y tratados comerciales los cambios políticos en cualquier país pueden incidir en las inversiones extranjeras en México y en los del resto del mundo: Magistrado Élfego Bautista Pardo.

Blas A. Buendía / Reportero Free Lance _________________

blasalejo@yahoo.com

En las últimas semanas los ojos de los medios de comunicación a escala internacional han estado dirigidos a la región de Cataluña, España, atentos a las intenciones independentistas, o “separatistas”, de pueblo y gobierno de esa comunidad, así como a las decisiones y acciones de los órganos de Poder españoles respecto a dicho movimiento, que amenaza la unidad de ese Estado europeo.

En este contexto, el magistrado Élfego Bautista Pardo presentó en su análisis “Así es el Derecho”, un panorama generalmente jurídico sobre las vertientes que se han desarrollado en la Península Ibérica que han dejado asombrado a todo el mundo debido a que hay quienes aún piensan en las acciones separatistas como mecanismos de aborrecimiento y división de un Estado justamente reconocido por las Naciones Unidas (ONU).

El jurista hidalguense y titular de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, destacó que muchos pensarán que esa situación al otro lado del Atlántico no es relevante para los mexicanos, pero en esta aldea global interconectada por organizaciones internacionales y tratados comerciales, los cambios políticos en cualquier país pueden incidir en las inversiones extranjeras en México y en los del resto del mundo. Ejemplo claro de esto es que grupo Bimbo ha mudado a otro sitio de España las instalaciones que tenía en la región de Cataluña.

Y abunda: para comprender ese conflicto en el país ibérico es preciso saber cómo se organiza su poder político, es decir saber cómo está organizado el Estado, el cual está estructurado como un ente social y democrático de Derecho que privilegia como principales valores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Según lo establecido en la Constitución del país, su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, en la que si bien existe un monarca que es el Jefe del Estado, el representante en las relaciones internacionales y el símbolo de su unidad, las decisiones y acciones de gobierno corresponden al Poder Legislativo, depositado en las Cortes generales que representan al pueblo español y están constituidas por el Congreso de diputados y de senadores y el Poder Ejecutivo, que recae en el Presidente o Jefe del Gobierno, quien al día de hoy es Mariano Rajoy.

Su organización territorial está conformada por  municipios, provincias y comunidades autónomas, cada una de las cuales goza de libertad para la gestión de sus intereses, tienen órganos de gobierno y se rigen por sus propios estatutos; además tienen garantizado el principio de solidaridad entre ellas.

Las comunidades autónomas están formadas con provincias o territorios con características históricas, económicas y culturales comunes.

Para formarse deben colmar los requisitos constitucionales o, en todo caso, ser reconocidas por las Cortes Generales, es decir, el Poder Legislativo del Estado.

Tienen competencia fijada constitucionalmente, por lo que su autonomía y las atribuciones de sus órganos de gobierno se encuentran perfectamente delimitadas; incluso su facultad legislativa es otorgada por las Cortes generales, y si obtienen atribuciones extra constitucionales es porque se las delega el Estado.

Todas las actividades de las comunidades autónomas están bajo control tanto del gobierno español como del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Cualquier acto de desobediencia a la Constitución puede traer como consecuencia un requerimiento al gobierno de la transgresora, e incluso el Senado del Estado puede decidir las medidas necesarias para imponerle respeto a los preceptos violados.

La Constitución, que es la máxima norma del Estado español, así como la Carta Magna lo es en México, deja muy claras las facultades de la comunidades autónomas, entre las cuales no se encuentra poder declararse independiente de manera unilateral, pues la comunidad como tal es únicamente una forma de división territorial y su autonomía no tiene ni tendrá la fuerza suficiente para sobreponerse a la soberanía, la cual en la península, como en México, es nacional y reside en el pueblo en general, en todos y cada uno de los españoles, no únicamente en los catalanes.

De la soberanía emanan los Poderes del Estado y, como se ha dicho, solo éstos pueden autorizar la instauración de comunidades autónomas.

Por esto resulta comprensible el comportamiento del gobierno español al oponerse a las aspiraciones independentistas de Cataluña. De aceptarlas, en otro escenario tendría que actuar de la misma manera.

La comunión de tradiciones, costumbres e historia características de Cataluña, que ha fortalecido el sentimiento de identidad y pertenencia entre sus ciudadanos, es el fundamento de las pretensiones independentistas.

Sin embargo, se deben conocer bien las limitaciones de la autonomía legal y limitada de Cataluña, que por ningún motivo podrá considerarse de más influencia que la soberanía nacional, que es superior e ilimitada, el máximo poder político en toda España, sus provincias, territorios y comunidades.

Esa soberanía nacional fundamenta la organización del Estado hispano y garantiza lo indisoluble de la unidad de la nación y el territorio españoles, éste como Patria común e indivisible de todos sus nativos, aunque el Estado reconozca y garantice el derecho a la autonomía de las comunidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre ellas.

¿ASONADA, REFERÉNDUM, AUTOGOBIERNO O GOLPE DE ESTADO PACÍFICO SITIAL?

Si bien el magistrado Élfego Batista Pardo subrayó por todo lo anterior que “Así es el Derecho”, en el escenario internacional todo mundo dio cuenta que Cataluña y su “asonada democrática” quedó neutralizada, incluso la Asociación Profesional de la Magistratura, ordenó la aprehensión de sus generadores intelectuales ideológicos al no compartir todo acto de independentismo ya que no hay mayor poder que pueda sobreponerse a la Constitución de España.

En la cronología de todos estos capítulos de manifestaciones y concentraciones que han armado una singular parafernalia internacional, resulta abundar que aun cuando sus actores judiciales españoles constitucionalmente se hayan convertido justamente en “represores de la razón a un referéndum independentista”, la solidez de un gobierno democrático mayoritario no debe permitir que nadie esté por encima del Pacto Federal, mucho menos que emanen de las decisiones minoritarias que podrían resumirse en un “golpe de Estado pacífico”, es decir, octubre de 2017 quedará para la historia al registrar una proclama del Estado Catalán que solo duró 10 horas de fanfarrias y algarabías.

Despachos informativos recapitulan el nivel internacional de esta judicialización política. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces catalanes, ha defendido el orden constitucional en un comunicado publicado donde afirma que “en Cataluña no tuvo lugar la celebración de un referéndum jurídicamente admisible”.

Cualquier iniciativa de la Generalitat que se base en él, como la declaración unilateral de independencia, y en las leyes de ruptura suspendidas por el Tribunal Constitucional carecerán de “cualquier clase de valor jurídico”.

“Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático”, advierten los jueces catalanes, quienes recuerda que desde fuera de la legalidad, ya no “pueden pretender ampararse” en ese mismo sistema.

“Nuestras facultades jurisdiccionales provienen del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado”, afirma la asociación, que insiste en que solo administrará justicia “en nombre del Rey, como Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Los magistrados avisan: “Todos están obligados a respetar la independencia” de los jueces y envían también un mensaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad -ya sean estos locales, autonómicos o estatales-.

Les recuerda que deben cumplir las órdenes que emanan de los juzgados y que quienes no lo hagan, “se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública”.

Jueces y fiscales catalanes manifestaron en días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre que se sentían traicionados por los Mossos d’Esquadra por su pasividad para ejecutar la orden judicial para impedir la celebración de la consulta.

Las sociedades del mundo no solo se preguntan si esta clase de movimientos sociales se trataran de una asonada, un referéndum, la clasificación de un autogobierno o un golpe de estado pacífico sitial, la fórmula constitucional española es la que se rige bajo el marco de la jurisdicción que es respaldada por las colectividades sociopolíticas.

SOLICITA DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó a la juez Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el ex presidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que no acudieron a su citación por “rebelión, sedición y malversación”, todos ellos se refugian en Bruselas y han declarado que no se dan las condiciones para desarrollar un juicio imparcial aunque ya se vincula una orden de extradición.

Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que han viajado a ese país.

En ese sentido, el Ministerio Público señala que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso” por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.

El ministerio fiscal añade que Puigdemont “ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.

“Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados”, pese a lo cual, destaca el fiscal, estas cinco personas “no han comparecido” como sí han hecho los otros nueve querellados por “rebelión, sedición y malversación” por el proceso independentista catalán.

De acordarlo la jueza, una vez emitida la orden de detención, los huidos podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un magistrado, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.

ESPAÑA Y SU ARTÍCULO 155 CONSTITUCIONAL

En esta esfera judicial, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunciaba el sábado la forma en que su gobierno implementará el proceso para imponer un mandato directo en Cataluña, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La medida sin precedentes, que tiene el objetivo de anular una intentona independentista liderada por el gobierno regional de Cataluña, llega después de semanas de división provocada por un referéndum de independencia prohibido llevado a cabo el 1 de octubre.

La crisis amenaza con fracturar España, uno de los principales miembros de la Unión Europea, y ya ha provocado protestas masivas.

Tras concluir el Consejo de Ministros, Rajoy dijo en conferencia de prensa que la primera medida propuesta es que la facultad de disolver el gobierno de Cataluña pasa al presidente del gobierno español quien tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. “Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría”, dijo Rajoy.

También se propone, entre otras medidas, el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del gobierno de Cataluña, dijo Rajoy,

“No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña”, afirmó Rajoy. “No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad”.

Todas las medidas propuestas por el Consejo de Ministros y anunciadas por Rajoy deberán ser presentadas para su aprobación ante el Senado, donde el Partido Popular, que encabeza el gobierno central, tiene la mayoría.

Madrid anunció que invocaría el Artículo 155 de la Constitución, una provisión que permite al gobierno central suspender la autonomía de la región de Cataluña.

Nunca antes utilizada, la disposición le otorga a Madrid el poder de asumir el control de las instituciones catalanas y forzar la realización de nuevas elecciones, programadas para enero de 2018.

Poco antes del anuncio del Artículo 155, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, advirtió que la región podría declarar formalmente la independencia si el gobierno español no entablaba un diálogo.

Puigdemont también exigió a España que cesara su “represión” a los líderes separatistas catalanes, dos de los cuales fueron llevados en custodia bajo sospecha del delito de “sedición”.

Al considerarse que las órdenes de aprehensión podrían generar una revuelta social que pondría en peligro la paz social de toda España, manifestantes seguirán marchando a favor de la independencia en el centro de Barcelona, la capital de la región de Cataluña, para liberar a los nuevos presos políticos y rechazar las decisiones de magistrados presuntamente trasformados en “represores de la razón”, que finalmente fundamentan sus decisiones democráticas a través de su Pacto Federal.

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Posted by on Nov 4 2017. Filed under NOTA SOBRESALIENTE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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