Tía María, proyecto minero y bomba de tiempo en Perú

Manuel Robles Sosa * ________________

Lima, (Prensa Latina).- Tía María, un gran proyecto minero de la transnacional Southern, ubicado en el sur de Perú, se encuentra bajo pronóstico reservado debido a las resistencias sociales que motiva, por las cuales muchos lo comparan con una bomba de tiempo.

El rechazo de agricultores y pobladores del entorno del proyecto de explotación de cobre, se debe al temor a daños ambientales y a la falta de credibilidad de la empresa.

La posible afectación del próspero valle del Tambo, cerca del yacimiento por explotar que aguarda la licencia de construcción para ponerse en marcha, es el principal motivo de la oposición de la zona, ubicada en la provincia de Islay de la región de Arequipa.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra apoya el proyecto, la inversión de mil 400 millones de dólares en Tía María -para producir 12 mil toneladas diarias de cobre-, por la importancia que tiene para la economía que casi ha detenido su crecimiento.

Sin embargo, reconoce como necesario que el proyecto obtenga la llamada licencia social, es decir que sea aceptada por la población, lo cual se perfila muy difícil pues los intentos de ponerlo en marcha han causado en años anteriores protestas reprimidas con saldos de muertos y heridos.

A pocas semanas de caducar el estudio de impacto ambiental (EIA) previo a la licencia de construcción, el jefe de Estado dijo que aceptó un pedido del gobernador de Arequipa -Elmer Cáceres, quien se opone al proyecto si no cuenta con la anuencia de la población-, de un diálogo con los moradores para analizar el tema.

El mandatario anunció que las conversaciones serán encabezadas por el primer ministro, Salvador del Solar, y se realizarían en cuestión de días, lo cual negó Julio Cornejo, alcalde de Cocachacra, municipio que fue epicentro de grandes protestas contra Tía María en años anteriores.

Según Cornejo, ni él ni sus colegas de los demás municipios de la provincia de Islay asistirán a la llamada mesa de diálogo con Del Solar, pues al igual que los agricultores del valle del Tambo, exigen que Vizcarra los visite y escuche su posición antes de tomar una decisión sobre la luz verde al proyecto minero.

El exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, y el ex viceministro del rubro, José de Echave, coincidieron en opinar contra el otorgamiento de la licencia de construcción para el emprendimiento.

El proyecto está pendiente de esa licencia y la empresa presiona por su otorgamiento con una vasta campaña publicitaria y de medios de prensa, políticos y empresarios neoliberales.

La Junta de Agricultores del valle del Tambo presentó un recurso judicial de nulidad de la aprobación del previo EIA y argumenta que carece de validez porque se basa en tres informes diferentes y hasta contradictorios.

Según el exministro, los pobladores tienen motivos sólidos para oponerse, pues el proyecto prevé el tránsito de 100 mil toneladas diarias por la zona y utilizará gran cantidad de ácido sulfúrico, lo que afectará el medio ambiente.

«La población tiene el legítimo derecho de sospechar que su valle puede morir», advirtió Giesecke en un foro realizado en la zona, en el cual se planteó que el proyecto es inviable por razones técnicas y sociales.

También dijo que el gobierno debe ser capaz de dialogar con la población y darle garantías de que no habrá daño al entorno.

El ex viceministro De Echave, por su parte, recordó los antecedentes negativos de la empresa, como la presentación de un primer estudio de impacto ambiental (EIA) rechazado por deficiente y por los cuestionamientos a la legalidad del segundo EIA.

Mencionó que Southern, ante protestas registradas en 2015, negoció con dirigentes sociales -a los cuales denunció- un soborno para que cese la oposición a Tía María, cuya puesta en marcha abriría la puerta a operaciones de otras empresas, según temen los pobladores.

Los dirigentes agrarios van más allá en sus cuestionamientos, al señalar que el proyecto incluye el yacimiento Tía María y otro más grande en Islay, La Tapada, y la empresa admitió previamente que proyecta invertir en la zona ocho mil millones de dólares.

Para De Echave, más que preocuparse por obtener la licencia de construcción, Southern debería hacerlo por lograr la licencia social pues, si no la tiene, no podrá ejecutar el proyecto, salvo que pretenda imponerlo por la fuerza, lo cual debe hacer el gobierno, según sugieren algunos políticos y analistas neoliberales.

Esos sectores alientan una salida autoritaria a la controversia e invocan para ello la necesidad de recibir la inversión de la mina y crear un clima abierto a capitales peruanos, ante la caída del crecimiento debida para muchos a los vaivenes de la economía mundial.

El viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, declaró a su vez que la empresa está dispuesta a un acuerdo por el cual, una vez obtenida la licencia de construcción, se abstendrá de iniciarla «hasta que logremos un consenso suficiente y estemos todos seguros de que va a ser una minería responsable y no va a afectar la agricultura».

*Corresponsal de Prensa Latina en Perú.

URL: http://misraicesdigital.com.mx/?p=14499

Escrito por en Jul 5 2019. Archivado bajo INTERNACIONAL. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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