Tribunal constitucional sometería la división de Poderes en México

.- ¿Dónde quedaría el Plan de Austeridad una vez que Andrés Manuel López Obrador haya sido proclamado Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos?

“La Constitución, para merecer con autenticidad este nombre, debe tener alma y ésta se expresa en un conjunto de principios políticos, sociales y económicos que no son el producto de la imaginación de sus autores, sino que se encuentran arraigados en el ser, el modo de ser y el querer ser de un pueblo”: Ignacio Burgoa Orihuela.   

En  buena medida, algunos estudiosos que se oponen a la instauración de los Tribunales Constitucionales, tienen la idea imprecisa de que estos órganos pueden erigirse como un súper poder por encima de la trilogía funcional primaria, lo cual –sentencian- sometería el principio de la División de Poderes con la omnipotencia del Ejecutivo, sobre el Legislativo y el Judicial, y que podría orillar al país al imperio de una dictadura diametral con el uso antipatriótico de las fuerzas armadas.

Todo tiene un protocolo institucional con base a los principios de la Constitución, y pareciera que el paraíso de la nueva Mafia del Poder que despachará a partir del primero de diciembre en Palacio Nacional, entrará a debate el proyecto de perspectivas y posibilidades para darle vida al Tribunal Constitucional en México, sumándose a una veintena de naciones que cuentan con esta figura judicial.

La carta magna de México, no es únicamente un conjunto de normas jurídicas; es, además, el continente donde se condensan la historia, el presente y proyecto de un país para el porvenir. Desde su concepción normativa, la Constitución está envuelta en un complejo tejido de principios teóricos como son: supremacía, fundamentalidad, permanencia, inviolabilidad y reformabilidad. Estos principios de teoría constitucional son los que mantienen enhiesta a nuestra Constitución.

En su carácter supremo, la Carta Magna tiene preeminencia jurídica sobre cualquier otra norma, pero además está por encima de gobernantes y gobernados. Por eso es que los actos extra y meta-constitucionales de los primeros y las exigencias extra legem de los segundos, deben ser controlados desde la Constitución para garantizar la defensa y permanencia de la propia lex fundamentalis.

En historia reciente, diversos sectores han creado el statu quo estableciendo un paradigma reformador en el aparato de justicia federal de México, toda vez que no se alude el conjunto de condiciones que prevalecen en un momento histórico que vive la nación como es la creciente inseguridad.

En la conceptualización básica del Derecho, la prensa nacional ha creado arquitecturas de duda que si es conveniente o no el establecimiento del Tribunal Constitucional pues aciertan que podría configurarse en cuatro filos de navaja en sus horizontes y su erogación sería despilfarrador poniendo entredicho el Plan de Austeridad de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a la necedad que ha empleado, desde siempre, el ahora Presidente Electo –desde su propia época de pujanza rebelde-, de reformar, desaparecer o destruir a las instituciones republicanas que en todo momento mandó al “diablo” por “inservibles” y porque actúan bajo consigna de las Mafias del Poder, ahora se halla en esa metáfora “entre la espada y la pared”. En una encrucijada sin partida de salida.

La aparición de un listado de nueve personajes operadores y constructores del Derecho -encumbrados en la materia- hacen revelar que algunos de ellos podrían prestarse a ser “consignadores” al servicio del próximo Presidente de México, y en este caso, la arrogancia, prepotencia y altivez de Andrés en insistir y aclarar que “no quitaré gobernadores porque no soy dictador”, son anuncios populacheros de lo que se convertirá en contra de sus antagonistas que siempre lo atacaron en todos sentidos.

Lo que le llamarían “la novena filarmónica de tribunos constitucionalistas”, integrada por los doctores Diego Valadés Ríos, José Ramón Cossio Díaz, Javier Quijano Baz, Miguel Carbonell Sánchez, Ana Laura Magaloni Kerpel, Édgar Elías Azar, Constancio Carrasco Daza, Paula María García Villegas Sánchez Cordero (hija de quien será la Secretaria de Gobernación y quien colisionará en la primera acción de nepotismo pejista) y Raúl Cervantes Andrade, serán los artífices paradigmáticos de la reforma judicial en México.

La prensa mexicana ha insistido que en el listado de enemigos de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupa un lugar preponderante. En innumerables ocasiones el candidato de Morena se refirió en términos despectivos de la principal institución de justicia del país, que sin embargo, su discursillo ha cambiado diametralmente porque ahora en sus giras de agradecimiento -ya se dice ser “institucional”- cuando en sus faenas rebeldes sentenciaba en desaparecer a las instituciones republicanas si llegara a la Primera Magistratura de la Nación.

Para Andrés Manuel, ya no tiene ninguna necesidad de atacar, ni critica a los Tribunales y a ninguna otra institución republicana porque en las pasadas elecciones del domingo primero de julio (2018), López Obrador ganó “carro completo”, es decir, desde la Presidencia de la República, como el control absoluto de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, integrantes del Congreso de la Unión.

Los “sin embargo” estarán a la orden del día. López Obrador gracias a que tras de sus espaldas tiene a quien será La Dama de Bucareli, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, le debió aconsejar que ya no se metiera con atacar a los ministros y muchos menos atentar en contra de sus percepciones ya que el político tabasqueño tiene la fatal idea de bajarles sus sueldos de 650 mil pesos al mes.

Andrés Manuel, una vez que haya sido proclamado el nuevo Presidente de México, sus acciones lo arrastrarán para convertirse en un “emperador”, si bien ha “razonado” que no se transformará en un “dictador”, a estas alturas del nuevo milenio nadie se lo creería y sería inverosímil que sigan “vivos” esos “camaradas” del pasado.

De Andrés Manuel se puede esperar todo. Cuando dice una cosa, con el tiempo cambia de opinión. Su inestabilidad emocional así lo mendinga desde cuando iniciaba sus famosos “éxodos por la democracia” que obligaba a caminar a cientos de Peje-Zombis de Tabasco a la capital de la República, en la época salinista, todo para cobrar grandes embutes que le entregaba el entonces regente de la ciudad, el desaparecido Manuel Camacho Solís.

Lo cierto es que Andrés Manuel viene con todo. Con el absoluto poder que le dieron en las urnas para controlar el Congreso, hará y desordenará con su vacilante criterio las instituciones republicanas, cuando en el pasado ese protocolo siempre ha predominado.

El Peje Lagarto está empecinado en darle el tiro de gracia no tan solo al Tribunal Electoral, sino a la Suprema Corte, pero tiene que ceñirse a respetar la autonomía de la trilogía del poder, sin tener injerencias en el Legislativo y en el Judicial.

López Obrador trae otro plan para poder neutralizar a una Suprema Corte a la que sigue considerando “enemiga”. Un equipo de Morena a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encabezado por Diego Valadés, un hombre muy cercano sobre todo a Marcelo Ebrard, ha comenzado a estudiar cómo cambiar a la Suprema Corte de Justicia o cómo minimizar su papel.

Para eso, lo que plantean es crear un Tribunal Constitucional que esté, en los hechos, por encima de la Corte y donde, como su nombre lo dice, se diriman todos los temas constitucionales. Confeccionar ese proyecto en este momento, sería un acto de facto.

Por el momento no podrá imponer sus abyectos propósitos porque primero el Congreso no ha reformado el artículo 94 constitucional que a la letra advierte: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral Colegiados, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”.

La fórmula del Tribunal Constitucional es solo un proyecto que tardaría en constituirse por algunos años más, sin que hasta ahora tenga alguna validez jurídica, pese aun cuando se hayan revelado los nombres de nueve ministros que integrarán la codificación de ese nuevo Tribunal.

Lo que se busca es un diseño similar al español. El Tribunal Constitucional, en ese país, es el órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución (ese papel lo ejerce hoy en México la Corte).

El Tribunal Constitucional es independiente en su función de intérprete supremo de la Constitución y está sometido sólo a la Constitución y a la ley que ordenó su integración. Además, es único en su nivel y extiende su jurisdicción a todo el territorio del país.

El Tribunal Constitucional en España se compone de 12 miembros, cuatro son nombrados a propuesta de los diputados, cuatro del senado, dos del gobierno y dos del Poder Judicial. No sería difícil para el gobierno de López Obrador, con su mayoría en el Congreso, darle viabilidad al Tribunal Constitucional de México aun cuando se tengan que cumplir los términos y plazos para tal efecto.

El Tribunal Constitucional tiene la última palabra en la interpretación de los preceptos constitucionales señalando la extensión y límites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

Aunque en ocasiones pudiera parecer que el Tribunal Constitucional es de mayor rango que el Tribunal Supremo (el equivalente a la Suprema Corte de México), en la letra no es así. Lo que sucede es que la relación no es jerárquica, sino competencial. A decir verdad, los criterios que asumiría la Corte una vez entrada en funciones el Tribunal Constitucional, sería de ejecución judicial, despolitizando sus acciones administrativas.

En la praxis, existiría una subordinación del Tribunal Supremo (la Corte) al Tribunal Constitucional porque este último puede anular las resoluciones del primero, cosa que no puede suceder al revés.

En este esquema, si se crea el Tribunal Constitucional, como pretendería el Presidente electo, la Suprema Corte seguiría siendo la cabeza del Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sería una institución que se encontraría fuera de esa instancia y tendría un espacio propio, con un reconocimiento diferenciado en la Constitución.

Su obligación sería velar por el cumplimiento de la Constitución y, para ello, tendría potestad para declarar nulas leyes que considere inconstitucionales y para defender al ciudadano de violaciones de sus derechos fundamentales (la llamada medida de impugnación,). En los hechos el Tribunal tendría autonomía y capacidad para enmendar la plana a la Corte e incluso al Legislativo.

Si se planea en construir un Tribunal Constitucional, éste debe ser integrado por doctos que no hayan sido señalados por la sociedad y los poderes políticos para dudar de su honestidad. Su rectoría debe ser diáfana y calificada por aquiescencia de la sociedad.

Lo cierto es que el Plan de Austeridad del nuevo gobierno incurriría en un doble lenguaje, ya que al constituirse el Tribunal Constitucional, este debe contar con un presupuesto que sea totalmente autónomo para levantar una infraestructura adecuada, un personal altamente profesional, peritos en Derecho y la erogación de salarios dignos porque el ejercicio de la ley y el derecho, van de la mano. Un Tribunal sin recursos, es como un ente inservible. Su estrategia solo sería de adorno y su esquema una simulación antidemocrática.

Ésa es parte de la pericia que analizan estratagemas del Derecho como el ex procurador general de la República y doctor en derecho Constitucional Diego Valadés Ríos, plenamente identificado con la corriente partidista de Morena, propia y directamente con el ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcel Ebrard Cassaubon, quien fue postulado para ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores.

El camino legislativo está a favor de la mayoría de los morenos que les permitirá hacer avanzar este proyecto, pero algo en común debe tenerse cuidado para no politizar el aparato de justicia.

En este contexto, pese a todo, no desaparecería la Suprema Corte, simplemente la quieren minimizar y colocar una instancia por encima de ella que le quite sus principales y más importantes atribuciones.

El proyecto sobre las perspectivas del Tribunal Constitucional en México, elaborado por el investigador universitario Enrique Uribe Arzate, debe atender tres tareas igualmente importantes:

  1. El precontrol legislativo en los procesos de creación de la ley
  2. El precontrol legislativo en los procesos de reforma constitucional; y,
  3. El precontrol legislativo en los procesos de suscripción y ratificación de Tratados Internacionales.

En este rubro, el precontrol se llevará a cabo, previo a la suscripción o la ratificación de Tratados Internacionales por parte del Senado, a fin de incorporarlos al orden jurídico de México.

Tribunales Constitucionales

En el mundo, existe una veintena de Tribunales Constitucionales.

África: Suprema Corte Constitucional de Egipto y Tribunal Constitucional de Sudáfrica.

América:  Tribunal Constitucional de Bolivia; Corte Constitucional de Colombia;               Sala Constitucional de Costa Rica; Tribunal Constitucional de Chile; Corte Constitucional del Ecuador;       Corte de Constitucionalidad de Guatemala; Tribunal Constitucional del Perú; Tribunal Constitucional de República Dominicana.

Asia: Tribunal Constitucional de Corea;  Tribunal Constitucional de Tailandia.

Europa: Tribunal Constitucional de Andorra; Tribunal Constitucional de Austria; Tribunal Constitucional de Croacia; Tribunal Constitucional Federal de Alemania; Tribunal Constitucional de España; Consejo Constitucional de Francia; Tribunal Constitucional de Hungría; Corte Constitucional de Italia; Tribunal Constitucional de Polonia; Tribunal Constitucional de Portugal; Corte Constitucional de Rumanía; Corte Constitucional de la Federación Rusa; y, Corte Constitucional de Ucrania.

Escrito por en Oct 10 2018. Archivado bajo OPINION. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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