Un plan fiscal necesario en Costa Rica, pero que sea justo y solidario

Alejandro Gómez * ____________________

San José (PL).-  Si en algo coinciden los líderes sindicales y el gobierno de Costa Rica es en la necesidad de un plan fiscal que sanee las finanzas públicas, pero difieren radicalmente en la forma de lograrlo.

El Ejecutivo insiste una y otra vez que el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por los sindicatos, tiene que seguir su curso en el Legislativo y aprobarse de todas todas este octubre para mandar un mensaje tranquilizador a los organismos e inversionistas internacionales.

Mientras, la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN) -coalición de agrupaciones obreras y sociales- coincide en esa urgencia, pero desde que la propuesta legal fue entregada a la Asamblea Legislativa por la anterior administración del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), expresó su total desacuerdo con las medidas contenidas en ese plan fiscal.

Para la USSN, así como para muchos analistas y expertos locales, ese proyecto legal contiene impuestos que afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país, al tiempo que exonera de tributos a los grandes defraudadores de siempre: las grandes y poderosas empresas o entidades que generan grandes ganancias anuales.

Un ejemplo sencillo puede graficar la afirmación anterior, por el texto que analiza el Plenario del Legislativo un estudiante universitario con beca por ser de estrato pobre, tendrá que pagar impuesto por los libros una vez aprobada la reforma fiscal. Sin embargo, la poderosa universidad Incae fue exonerada de cualquier gravamen, pese a sus jugosas ganancias.

En esa condición están también canales de televisión, medios de prensa, compañías y hasta la Iglesia Católica, mientras los hasta hoy exentos productos de la canasta básica tendrán un por ciento de impuesto, así como la participación en actividades culturales o recreativas.

Y la intransigencia del Gobierno a aceptar una mesa de diálogo multisectorial para buscar las medidas justas, solidarias y progresivas que proponen las agrupaciones obreras y sociales a fin de solucionar el elevado déficit fiscal del país parece estar muy relacionada con lo que fue el nacimiento de ese plan, de acuerdo con uno de los testigos del alumbramiento.

Luis Paulino Vargas, excandidato a la segunda vicepresidencia de Costa Rica por el partido Frente Amplio, cuenta en su página de Facebook que ese proyecto legal nació hace un año, la noche de un domingo, no recuerda si a finales de septiembre o inicios de octubre.

Refiere que Edgardo Araya, entonces diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, fue convocado a una reunión en el Ministerio de Hacienda y le pidió que lo acompañara.

Los contenidos esenciales de ese proyecto fueron ahí definidos: los propuso Rodolfo Piza, los respaldó Antonio Álvarez Desanti, candidatos a la presidencia por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), respectivamente. Hoy Piza es el ministro de la Presidencia del mandatario Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Poco tiempo después el proyecto llegaría a la Asamblea. Con retoques menores (por ejemplo: el impuesto sobre salarios) es, en lo fundamental, el que propuso Piza. La historia posterior es conocida: Carlos Alvarado llegó a presidente y Piza ejerce como el hombre fuerte de su gobierno”, señala Vargas.

Las élites políticas -básicamente PAC, PLN y PUSC (los mismos que abrazaron este proyecto aquella noche de domingo hace un año)- decidieron blindarlo, incluso en relación con un asunto tan polémico y cuestionable como la regla fiscal, indica.

Lo mismo, prosigue, se aplicó al capítulo sobre empleo público y también -excepto por detalles secundarios- al Impuesto al Valor Agregado. Hace muchos meses todo esto quedó fuera de cualquier posible diálogo.

Apunta que en cambio, lo poco que había para combatir el fraude fiscal fue debilitado y los sectores realmente ricos apenas si se les toca ‘con el pétalo de una rosa’.

“A los sindicatos se les puede acusar de muchas cosas, tal cual estas semanas lo hemos venido escuchando. Pero en el torneo de la intransigencia, Alvarado y el triunvirato PAC-PUSC-PLN han sido verdaderos campeones. Y, así, con los canales de diálogos atascados, nos vamos acercando, más y más, al abismo”, sostiene el excandidato a la vicepresidencia tica.

Sobre los canales de diálogo cerrados viene por el fracaso de ocho jornadas y más de 60 horas de intercambio entre líderes sindicales y representantes del Gobierno, con la mediación de la Iglesia Católica, para instalar un diálogo sobre la situación fiscal del país y deponer la huelga general por tiempo indefinido que iniciaron los afiliados a la USSN el 10 de septiembre anterior.

Un texto preliminar alcanzado en esa cita exploratoria sin condiciones fue rechazado por las bases obreras al considerar que, lejos de ser un esfuerzo de conciliación entre las partes que de paso a un proyecto de consenso, constituye un acta de capitulación del movimiento sindical y de los sectores que lo acompañan en esta lucha.

Aseguran además, que el proyecto legal, tal cual está redactado, no corrige el déficit fiscal, condona a los grandes evasores y carga su pago sobre las espaldas del pueblo.

“Ninguna solución neoliberal como la que pretende la administración Piza-Alvarado, de carácter corto-placista, va a resolver el problema fiscal ni poner fin a la injusta estructura tributaria, fuente de la profunda y creciente desigualdad y exclusión social en Costa Rica”, indica la respuesta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados a la propuesta preliminar.

Como ninguna de las 12 agrupaciones obreras presentes en la cita exploratoria aceptó el documento, la Iglesia Católica decidió abandonar su mediación, y el Gobierno concedió hasta el próximo día 8 para los sindicatos que quieran suscribirlo e iniciar una mesa de diálogo, donde no podrán modificar el plan fiscal que está pronto a ser aprobado en el Legislativo.

De ahí que la USSN haya decidido mantener la huelga general por tiempo indefinido, a pesar de la apuesta del Ejecutivo de vencerla por desgaste económico para sostener la movilización, así como por las declaratorias de ilegalidad contra la protesta que promovió desde el primer día, al instar a la entidades públicas a presentar demandas al respecto ante los tribunales.

Hasta ahora sólo uno de los fallos favorece a los huelguistas y más de una decena declara ilegal la protesta, de las 32 demandas presentadas -faltan casi el 60 por ciento por resolución- pero los sindicatos anunciaron que las apelarán, sobre la base de las normativas de organismos internacionales, de los cuales Costa Rica es suscriptor.

Lo único cierto en este diferendo en cuanto a las medidas para solucionar un problema nacional es que, contra viento y marea, el Ejecutivo logrará que los legisladores afines, léase los del PAC, PLN y PUSC, sancionen esa polémica y rechazada reforma fiscal.

Falta por ver si las agrupaciones obreras y sociales tienen el suficiente pulso para echar atrás ese represivo -como ellos lo califican también- combo fiscal, algo que en más de tres semanas de huelga general no han conseguido.

*Corresponsal de Prensa Latina en Costa Rica.

Escrito por en Oct 7 2018. Archivado bajo INTERNACIONAL. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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